"Basurero de la democracia": cómo quedó Tribunales tras el paso de la marcha por Milagro Sala
@usuario Quedó con el aroma de milagro sala no más
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Lo que durante la semana se fogoneó como una marcha multitudinaria en reclamo por la liberación de Milagro Sala, apuntalada en las redes sociales y por una solicitada a la que adhirieron diferentes figuras del kirchnerismo, terminó siendo una movilización de alrededor de 5.000 personas que se concentraron en la zona del Obelisco y fueron hacia la Corte Suprema de Justicia.

Se trató mayoritariamente de agrupaciones sociales, y sin presencia de funcionarios nacionales ni bonaerenses. La insólita y repudiable consigna fue arrojar bolsas repletas de basura por encima de las rejas que separaban a los militantes del Palacio de Tribunales, provocando un basural sobre la calle Talcahuano.



El "basurero de la democracia". Así llamaron a la Corte Suprema de Justicia quienes convocaron el sábado al mediodía a Tribunales para exigir la liberación de Milagro Sala , dirigente de la agrupación Tupac Amaru. La comparación está en línea con la furiosa carta de Cristina del mes pasado contra la Corte.

La dirigente espera que el máximo tribunal defina si concede un recurso extraordinario que solicitó para ser liberada en el marco de una causa en la que fue condenada a 13 años de prisión por la Justicia de Jujuy en el expediente denominado "Pibes Villeros".

Los manifestantes se acercaron con bolsas de basura, que fueron tirando frente al edificio no bien arribaban a la zona, pasada las 14, tras dos horas de espera en 9 de julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo.

​ Además, durante el acto, vandalizaron tachos de basura, que arrojaron incluso a las escalinatas del Palacio, hasta donde se acercaron mientras la Policía de la Ciudad protegió la zona.

Entre las organizaciones sociales que se manifestaron estuvieron representantes del Movimiento Popular Evita para la Victoria , Militancia Popular, Frente Aníbal Verón, Patria Justa y Frente Milagro Sala, que fue el que organizó la movilización.



En forma llamativa, n o hubo presencia de funcionarios nacionales ni provinciales, que en muchos casos adherido previamente al reclamo.

Desde el Gobierno se bajó una orden de "Silenzio stampa", que respetaron la mayoría de los ministros del Gabinete.

La única que se expresó en las redes sociales, vía Twitter, fue Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros, que fue abogada de Sala en expedientes que la Justicia siguió en su contra.

La ministra expresó: ​"Se cumplen cinco años de la ilegal y arbitraria detención de Milagro Sala por ser mujer e indígena y por atreverse a dar la batalla por la dignidad del pueblo jujeño. Hoy y hasta que sea necesario, vamos a seguir exigiendo Justicia y libertad pa raMilagro ".



A pesar del pedido que se bajó en redes sociales, la marcha no cumplió con el protocolo de distanciamiento social, en tiempos de crecimiento de casos de Covid-19 en todo el país.

​ Ese fue otro de los motivos que generó que desde la Rosada evitaran ser parte de la convocatoria, aun luego de que la propia Sala fuera quien, en una entrevista televisiva, sugiriera que "el Gobierno empiece a ver cómo hace un acuerdo para liberarnos".

En Jujuy también se realizó una movilización de similares características, encabezada por la Organización Tupac Amaru y que acompañaron diferentes agrupaciones sociales de la provincia.

Desde su domicilio, además, donde​ cumple arresto domiciliario, Sala fue parte de un encuentro por videoconferencia, organizado en apoyo al pedido de su liberación, del que participó, entre otros, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.



Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en un acampe frente a la sede del gobierno jujeño, que lidera el radical Gerardo Morales. Primero f ue condenada a tres años de prisión por encabezar un escrache contra Morales cuando era senador, y luego recibió una pena de 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa denominada "Pibes Villeros".

En esa causa se la responsabilizó por el desvío de $ 60 millones, cobrados por cooperativas para construir viviendas que nunca se hicieron, de 2011 a 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

NE