Cumplió una condena e iban a expulsarla del país, pero primaron los derechos de sus hijos y se quedará
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Aunque había cumplido condena iba a ser expulsada del país, pero primaron los derechos de sus hijos Fuente: Archivo

Valeria Musse Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020  12:59

Rosario es peruana. Hace dos décadas, en el 2000, y con 23 años, llegó a la Argentina para iniciar un nuevo proyecto de vida, pero una causa penal por posesión de drogas la obligó a cumplir una condena. Con su deuda judicial saldada con la Justicia hace 16 años, el Estado decidió expulsarla del país en 2019, pero ella ya no estaba sola, como cuando arribó. Es madre de tres niños, uno de ellos, un bebé, y si la medida se hacía efectiva sus hijos sufrirían el desarraigo o deberían separarse de ella. Tras la intervención de la Defensoría General de la Nación ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Rosario finalmente no será expulsada: le fue otorgada la residencia en pos de resguardar la integridad de los menores, un interés superior tutelado por la ley.

"Estoy muy agradecida con la gente que me ayudó mucho para seguir al lado de mis hijos. Así puedo verlos crecer", dijo Rosario (no es su verdadera identidad, que se resguarda para protegerlos a ella y a sus hijos). "Si hubiese sido deportada, los niños tendrían que haber sido separados de la madre u obligados a dejar la Argentina, el único país que conocen, su país de nacionalidad y nacimiento", enfatizó Ann Skelton, integrante del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la Organización de Naciones Unidas, a través de un comunicado en el que se celebró la decisión estatal. "Ambas opciones habrían tenido impacto en la integridad personal, la identidad y el desarrollo de los niños", reflexionó.

Luego de cumplir la pena por posesión de estupefacientes y quedar en libertad, en 2004 la Dirección Nacional de Migraciones inició un proceso administrativo y judicial para deportar a Rosario y prohibirle el reingreso al país durante ocho años. En tanto se resolvía su situación, la mujer conoció a su pareja, con quien tuvo dos hijas, nacidas en 2008 y 2009, y un hijo nacido en 2019.

Después de 15 años de atravesar distintos trámites, Rosario, a través de sus abogados, apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal rechazó revisar el caso y el año pasado quedó confirmada su expulsión de la Argentina. Agotadas las instancias locales, la Defensoría General de la Nación decidió denunciar ante el CDN la afectación de los derechos de los hijos de la mujer: las niñas ya tenían 10 y 11 años, respectivamente, y el bebé se encontraba en período de lactancia.

"En todo ese proceso no se tuvo presente el interés superior de los menores. No se los había escuchado, no se tuvo en cuenta el impacto que la medida tendría en ellos. Y esto suele suceder en este tipo de causas, que son contra los progenitores", indicó a LA NACION el abogado Mariano Fernández Valle, a cargo de llevar el caso a nivel internacional. En opinión del letrado, se trata de una "cosmovisión equivocada" que afecta a los niños.

Mientras se esperaba la revisión del caso por parte del organismo de la ONU, la Defensoría General de la Nación interpuso una medida cautelar para que el Estado argentino no expulsara a la mujer, medida que se hizo efectiva en marzo de este año.

Los derechos de los niños

Finalmente, el largo trayecto de la causa llegó a instancia definitiva en junio, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando la madre de los niños obtuvo su residencia permanente en la Argentina, en atención al principio de unidad familiar y a la tutela de los derechos de sus hijos, tal como lo solicitara el CDN.

"Este caso representa la primera vez que la defensa pública utiliza el sistema de comunicaciones individuales del Comité de los Derechos del Niño, que se encuentra en vigor para el país desde julio de 2015", resaltó la Defensoría General de la Nación.

"Durante este ultimo año y medio, este tipo de situaciones se visibilizó en mayor medida y generó la intervención de otros comités internacionales para que el país, durante los procesos de expulsión de los progenitores, ponga especial atención en lo que ocurre con los niños para que sus derechos no sean vulnerados", resaltó Fernández Valle.

Para contactarse con la Comisión del Migrante, del Ministerio Público de la Defensa. Dirección: avenida Alem 676/684, 3 y 8 piso contrafrente.

"La decisión argentina en respuesta a una demanda presentada ante el Comité de los Derechos del Niño hizo primar al interés superior del niño y ha sentado un nuevo precedente que demuestra cómo el mecanismo de quejas individuales ante la CDN puede prevenir violaciones de los derechos de los niños", destacó el organismo internacional.

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